[Is the universal coverage of our national health system in danger?].

El Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgenes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones1, modifica lementos sustantivos de nuestro sistema sanitario. Su capítulo 1 ealiza un cambio estratégico de mucha profundidad en el Sistema acional de Salud (SNS), al modificar el contenido del artículo 3 e la Ley de Cohesión 16/2003, que definía como titulares de los erechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a: . . .Todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional en os términos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000»2, que ahora pasa a tener la siguiente redacción: «La asistencia saniaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema acional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten a condición de asegurado». Además, el decreto no hace mención al partado de la reciente Ley General de Salud Pública, que mediante l redactado «1. Se extiende el derecho al acceso a la asistencia saniaria pública, a todos los españoles residentes en territorio nacional, los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas el ordenamiento jurídico»3 generalizaba el derecho a la asistencia anitaria pública al incorporar los escasos colectivos que, por carenias del desarrollo reglamentario de las normas precedentes, habían uedado sin contemplar. El derecho a la asistencia sanitaria estaba vinculado a la poseión de la ciudadanía española o del empadronamiento en España. ste derecho pasa ahora a estar vinculado a la situación de estar segurados o de ser beneficiarios de la Seguridad Social. La difeencia es sustancial. Si teníamos el derecho por ser españoles y por er residentes, «todos» teníamos el derecho; si lo tenemos por estar segurados o ser beneficiarios, tenemos que verificar y demostrar ue tenemos el derecho. Respecto a la condición de ser beneficiario, e asigna su determinación a la Tesorería General de la Seguridad ocial, lo que introduce la duda sobre si esta disposición es conordante con lo que determinan algunos estatutos de autonomía, ormas de rango superior al Decreto Ley analizado. Tras décadas de trabajo de integración y de ampliación progreiva de la cobertura hasta alcanzar la universalidad de nuestro SNS, on hitos claros en la Ley General de Sanidad (1986), la financiación e la sanidad por impuestos (1999), las Leyes de Extranjería (2000), ohesión (2003) y la Ley General de Salud Pública (2011), el decreto rovoca una quiebra del modelo de universalidad, con pérdidas raves de derechos, al implantar un sistema basado en el aseguamiento. Para clarificar muchos de los huecos que el sistema deja